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La decisión del Gobierno de prohibir la importación y la producción nacional de calefones, por el desmedido consumo de gas que se les atribuye, muestra las irracionalidades a las que conduce la política de subsidio estatal al gas de uso doméstico.
Aún cuando se reconoce que el subsidio tiene una serie de inconvenientes y distorsiones -genera contrabando, beneficia a los sectores de mayores ingresos, incentiva el consumo por su bajo precio- ningún gobierno, al menos en los últimos 15 años, ha sido capaz de encontrar una fórmula para eliminar, reducir o focalizar el subsidio. Y cuando lo intentaron, con el fin de enfrentar crisis fiscales, sufrieron consecuencias políticas trágicas, como nos recuerdan los casos de Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad.
Ahora, el Gobierno opta por el lado que más le gusta: prohibir la importación y la producción de calefones para eliminar, por esa vía, el incentivo al consumo de gas. Con ello no resuelve el problema del subsidio y el alto consumo, o lo hace solo muy parcialmente, pero castiga a las familias ecuatorianas que veían en el calefón una manera de proteger sus economías.
Habría sido saludable que el Gobierno anunciara su decisión con el respaldo de algunos datos, para de ese modo estar seguros de su eficacia. Por ejemplo, sería bueno saber qué porcentaje del consumo total de gas se destina hacia los calefones, cuánto dejará de consumir el país al año con la prohibición anunciada, y qué estratos sociales lo usan de modo preferente. De otro lado, también sería bueno saber cuánto aumentará el consumo de energía eléctrica una vez aplicada la prohibición.
Datos publicados en días recientes por la prensa muestran que la importación de calefones fluctúa entre los $3,7 y $5 millones al año. También se estima que una familia de cinco personas consume 1,5 tanques de gas mensuales.
Todos esos datos debieron ser procesados previamente para tener una idea del alcance de la medida. Mientras tanto, el subsidio estatal al gas se mueve entre los $400 y $500 millones anuales.
Como ya se dijo, el subsidio genera distorsiones económicas enormes que en nada se corrigen con la prohibición anunciada por el Gobierno. Seguirá el consumo desmedido, seguirá el contrabando y seguirán beneficiadas las familias de mayores ingresos.
Algo hay que hacer, y de modo urgente, con el subsidio al gas y, en general, a los combustibles, que le cuestan al Estado cerca de $2 000 millones al año. Las prohibiciones solo generan mayores distorsiones mientras dejan el problema de fondo irresuelto.
